Recursos ensangrentados y conflictos lejanos

Es paradójico: la riqueza de recursos naturales – diamantes, madera, coltan, petróleo, gas natural, agua– en los países pobres no representa, como se podría imaginar, una oportunidad más para el desarrollo, sino más bien una causa de inestabilidad, desigualdades y, a menudo, de militarización y ejercicio sistemático de la violencia. La dotación de abundantes riquezas naturales, pues, representa una verdadera trampa en la que intervienen distintos intereses, creando una tupida red de relaciones al margen de la legalidad, con el resultado de inagotables conflictos civiles. Los beneficiarios de estos intereses se identifican por lo general en las empresas transnacionales, en los lobbies económicos y políticos, en los grupos armados rebeldes y en los contingentes paramilitares.
En su “Breaking the link between resources and repression”, publicado en el State of the World 2002 del prestigioso World Watch Institute, Michael Renner afirma que por lo menos un cuarto de las guerras y conflictos armados del año 2000 estaba ligado a conflictos por los recursos naturales, es decir, que la explotación ilegal o legal de los mismos contribuyó o empeoró conflictos violentos o financió su continuación.
De hecho, el último ventenio del siglo XX estuvo caracterizado por una radical transformación de los conflictos, que comenzó en las profundas transformaciones ocurridas en la geopolítica y socioeconomía mundiales, en primer lugar el final de la guerra fría (con sus mecanismos implícitos de financiación de países o de grupos rebeldes “amigos”), pero también la progresiva erosión del poder de los gobiernos nacionales, llevada a cabo desde abajo y desde arriba, y la globalización socioeconómica acompañada y posibilitada por la liberación de los mercados internacionales.
Los “nuevos conflictos”, por lo general, tienen un alcance subnacional, y están esencialmente caracterizados por la creciente privatización de la violencia, que se ha convertido en prerrogativa de grupos particulares, que tutelan intereses privados. Se trata de guerras en las que la explotación y el tráfico ilegal de los recursos naturales se convierten en el medio esencial de financiación y, en algunos casos, la finalidad misma de conflictos que enriquecen sólo a su líder, que sólo buscan aprovecharse del estado –y de la economía– de guerra. Por ejemplo, es indiscutible el papel jugado por los diamantes en la República Centroafricana, para la financiación tanto del ejército nacional como de la oposición rebelde al régimen, y en Sierra Leona, donde el conflicto civil de decenios estuvo financiado con el comercio de diamantes, causando 120 mil víctimas, medio millón de refugiados y dos millones de desplazados. Es además innegable que la industria liberiana de la madera sigue subvencionando la inestabilidad de Sierra Leona y de toda la región. Disponiendo del control absoluto de las entradas generadas por la explotación de la madera en Liberia (así como del tráfico de diamantes), el presidente Charles Taylor emplearía gran parte de lo conseguido con la venta y exportación para asegurar el apoyo al Revolutionary United Front. En Angola, Jonas Savimbi –líder del grupo rebelde Unita, y representante de la etnia angoleña de los ovimbundu, la mayor de todas–, en el momento en que rechazó los resultados de las elecciones nacionales de 1992 y volvió a empezar la guerra, reestableció inmediatamente el control del valle de Cuango y de los otros territorios vitales para el control de las minas de diamantes.
Hoy son unos 30 millones las armas ligeras y de pequeño calibre que circulan en África. Según la ONU, el uso de armas ligeras ha provocado en el último decenio la muerte de 20 millones de personas sólo en el continente africano, de las que el 80% son mujeres y niños. Más de 300 mil niños-soldados están hoy enrolados en las distintas milicias paramilitares.
Mientras va siendo cada vez más evidente la necesidad de reforzar el sistema de gobernabilidad mundial, reestructurando y racionalizando la arquitectura institucional internacional, aumentando su grado de transparencia, de participación y control, resulta evidente que los acuerdos multilaterales son incapaces de dar con su efectiva aplicación, incluso sirviéndose de sistemas de sanciones efectivos.
Ya en la cumbre del G8 de Kananaskis, los países más industrializados lanzaron un plan de acción para África que ponía de relieve el vínculo entre recursos naturales y conflictos, hipotizando una serie de iniciativas políticas para cortar la espiral perversa representada por el comercio ilegal de armas, por lo general de pequeño calibre, de diamantes y madera, el uso de niños-soldados y fuerzas mercenarias, y que se manifiesta en la sistemática violación de los derechos humanos y en el grave declive social y económico de regiones “culpables” solamente de ser ricas en recursos naturales, como diamantes, madera, coltan, un recurso que se ha convertido últimamente en estratégico para la industria electrónica high tech.
Pese a ello, el plan se quedó en papel mojado. Mientras tanto, los “diamantes ensangrentados”, o “conflict diamonds”, siguen siendo utilizados por las fuerzas rebeldes y por los propios gobiernos para financiar actividades de guerra y para promover la violación sistemática de los derechos humanos. Angola, Sierra Leona, Liberia o República Democrática del Congo han conocido largos conflictos civiles en los que el comercio de diamantes era utilizado como medio de financiación, además de como fuente de enriquecimiento personal por parte de sus líderes. Según Alex Yaersley, de Global Witness, los diamantes se comercializan en el 20% de los casos a través de circuitos ilegales (según la industria, en cambio, sólo el 2% de los diamantes procede de áreas de conflicto), en algunos casos contribuyendo a la financiación de conflictos, por ejemplo mediante la compra de armas por parte de los grupos rebeldes de África. Hasta hoy unos tres millones de personas han muerto por guerras financiadas con el comercio de diamantes.
El problema del comercio ilegal de los diamantes en bruto para financiar los conflictos se ha convertido en un tema de primordial importancia en la agenda de las Naciones Unidas, de los gobiernos, y de la sociedad civil y empresarial. Tras la aprobación de la “Resolución sobre el papel de los diamantes en los conflictos armados” con la que declaran la voluntad de romper el vínculo ya consolidado entre diamantes y guerra, las Naciones Unidas han dispuesto varias medidas para controlar el mercado de diamantes e impedir la importación de armas por parte de países en conflicto.
La creación de un sistema internacional de reglas para la gestión transparente de las actividades ligadas a la producción, manufactura y comercio de diamantes, de todos modos, es un paso necesario para acabar con el comercio de diamantes ensangrentados. En este sentido, el Kimberly Process, que tiene como objetivo desarrollar un sistema internacional de certificación para establecer los estándares mínimos internacionales que aplicar dentro de un esquema de certificación de las actividades comerciales de diamantes en bruto, contempla una reglamentación voluntaria, en la que cada miembro de la industria y del comercio internacional de diamantes disponga de sus propios valoradores independientes para que verifiquen que el sistema de garantías se ha predispuesto y se respeta efectivamente durante las actividades normales. Esta certificación estará sujeta a control por parte de los gobiernos.
Pero las guerras civiles privadas en África no se alimentan sólo del comercio y la extracción ilegal de diamantes. La “madera ensangrentada”, cuyo comercio (en un punto cualquiera del proceso productivo o comercial) lo han gestionado grupos armados, facciones rebeldes, milicias regulares o la administración civil y sus representantes con el objetivo de alimentar o sacar beneficios y ganancia del conflicto en sí, es responsable de todas las consecuencias normalmente derivadas de la ilegalidad del tráfico (pérdida de entradas estatales, destrucción de la reserva de recursos naturales, corrupción, impacto ambiental sobre las actividades agrícolas, violación de los derechos humanos) además de las consecuencias derivadas del hecho que los beneficios económicos derivados del tráfico representan el principal sistema de financiación de las guerras. En la práctica se pone en movimiento un mecanismo perverso en el que la ocupación violenta de los territorios más ricos y la explotación incontrolada de los recursos van parejos. El conflicto crea demanda de madera, la cual alimenta el conflicto, en un círculo vicioso que se autoalimenta hasta que se agotan los recursos.
Hay que recordar que a propósito de las cuestiones de la madera ilegal y el “conflict timber” (si bien existen distintos acuerdos que afectan a estas materias –como la Convención de la OCSE contra la corrupción, la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies en Peligro, CITES, y los acuerdos comerciales firmados por la OMC, Organización Mundial del Comercio, y por distintas organizaciones internacionales como el Forum sobre los Bosques de las Naciones Unidas, la International Tropical Timber Organization) no existe un tratado específico que trate de afrontarlas eficazmente.
Actualmente, el único instrumento promovido por las Naciones Unidas capaz de bloquear el tráfico de madera ensangrentada está representado por las sanciones. Además, son muchos, a escala mundial, los programas de gestión sostenible de los bosques lanzados y llevados a cabo por el sector privado. Los mejores resultados fueron conseguidos no oficialmente por el Forest Stewardship Council, promovido por la industria de la madera y por las ONGs. Estos han desarrollado un papel clave gracias a la presión ejercida sobre los gobiernos para que tomaran medidas concretas. Además, según el WWF, unas 700 compañías que producen y utilizan madera se han adherido al Global Forest and Trade Network, que pretende difundir un sistema de certificación ecosostenible, y que hoy ha certificado ya 20 millones de hectáreas de bosques diseminados por 35 países. Pero se trata de un resultado aún poco incisivo, si se considera que afecta a no más del 3% de los bosques mundiales. También las ONGs que se ocupan de políticas forestales están expandiendo su influencia y su capacidad de ejercer presiones sobre los gobiernos. Sin embargo, fuera de algunos casos específicos, las iniciativas promovidas por las ONGs a escala internacional no contemplan específicamente el problema de la madera ensangrentada, sino que se limitan a afrontarlo en el contexto más amplio del tráfico ilegal de la madera, entendido éste último como vínculo para que sean efectivas las iniciativas emprendidas para la gestión sostenible de los bosques. La eventual iniciativa promovida por las ONGs y el sector privado en la lucha contra la madera ensangrentada es, pues, por el momento un terreno aún inexplorado.
Sin embargo, existen tanto los presupuestos para emprender una acción concertada –que implique a los actores directamente interesados y en armonía con las leyes del mercado– como ejemplos fehacientes de referencia, como en el caso del “Kimberly Process Certification Scheme” por lo que se refiere a los diamantes ensangrentados.
Para concluir, las políticas necesarias para romper el vínculo entre recursos naturales y conflictos habrán de tomar cuerpo dentro de un espacio normativo aún ignorado, que se haya en el triángulo en cuyos vértices figuran el comercio internacional, la ayuda al desarrollo y la seguridad. Son estas las tres esferas de policy que inciden directamente en el problema, pero que actualmente van por caminos separados, sin sacar provecho de sus posibles sinergías. En especial, el binomio representado por el comercio internacional y por la seguridad representa dos campos de acción considerados prioritarios para poner fin a la financiación de los conflictos mediante el tráfico de los recursos naturales.
El actual sistema de governance ambiental global, efectivamente, es inadecuado para afrontar de manera coordinada y eficaz el problema de la financiación de los conflictos mediante la extracción y el comercio de los recursos naturales. La elaboración de una normativa específica dirigida a reglamentar el comercio internacional sobre el terreno de la seguridad, iniciativa admitida en los artículos XX(a) y XXI(c) “conflict exclusion” del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), representa un interesante terreno sobre el que elaborar nuevas propuestas. El papel central que la OMC puede y ha de desempeñar en la lucha contra la financiación de los conflictos mediante el tráfico de recursos naturales, en colaboración con las demás instituciones implicadas, ha de ser apoyado y promovido con urgencia.
Terminemos diciendo que la reunión interministerial de la Organización Mundial del Comercio que se celebrará en septiembre próximo en Cancún, México, puede ser una ocasión importante para emprender el camino de la creación de un grupo de trabajo con las Naciones Unidas que pueda estudiar instrumentos de control y prevención del comercio de recursos ensangrentados, integrándolos en un enfoque orgánico junto a políticas de cooperación internacional y de construcción de modelos de gobierno de la economía y las finanzas. También sobre estos presupuestos se medirá la efectiva voluntad política de los gobiernos y los organismos internacionales de afrontar de manera decisiva las causas últimas de los conflictos olvidados del planeta, de los cuales son evidentes y enormes las responsabilidades, aunque indirecta y a veces inconscientemente, de las empresas y los consumidores de los países ricos.