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BRASIL
Sacado del n. 05 - 2007

Las relaciones diplomáticas Brasil-Santa Sede

Notas para un acuerdo



por Stefania Falasca


«La atmósfera positiva entre la Santa Sede y el gran Estado brasileño está favoreciendo también la redacción de un acuerdo, que se espera que pueda concluirse este año». Esto había dicho el secretario de Estado vaticano, Tarcisio Bertone, antes del encuentro entre Benedicto XVI y Lula. Sin embargo, aquellos días la prensa brasileña refería que la propuesta de un entendimiento por parte de la Santa Sede no le había gustado al gobierno de Brasilia, por lo que la firma del acuerdo, prevista originalmente durante la visita del Papa, había saltado precisamente por el rechazo debido a las reservas de naturaleza política expresadas por el gobierno. «No. Esto no es de ninguna manera cierto, ni hay ni ha habido ningún rechazo», responde sin vacilaciones Gilberto Carvalho, jefe de gabinete de la presidencia de la República, que ni siquiera vacila a la hora de liquidar como «especulaciones que caen fuera de la naturaleza de las conversaciones» los temores de una injerencia clerical en los asuntos del Estado y para los cuales el acuerdo significaría una especie de hermanamiento con el Vaticano; como también define como «puras fantasías» los rumores según los cuales se habrían introducido en los puntos de la propuesta también referencias a materias como el aborto y el divorcio, por lo que aclara: «No hay nada de todo esto. Se trata de un acuerdo de carácter jurídico de derecho internacional y como tal ha de ser considerado».
Benedicto XVI durante el encuentro con el presidente Lula y su mujer en el Palácio dos Bandeirantes, en São Paulo, el 10 de mayo de 2007

Benedicto XVI durante el encuentro con el presidente Lula y su mujer en el Palácio dos Bandeirantes, en São Paulo, el 10 de mayo de 2007

De origen y ciudadanía italianas, y 55 años de edad, Gilberto Carvalho es el más estrecho colaborador de Lula, el hombre de confianza del presidente. Desde el principio siguió las fases del acuerdo. Nos reunimos con él en São Paulo, ante un cafezinho, en un momento de calma, y explica de este modo el camino hasta ahora emprendido. «El primer encuentro fue en septiembre. A comienzos del pasado septiembre, el nuncio, monseñor Lorenzo Baldisseri, había pedido una cita con el presidente y dijo también que le gustaría hablar con sus asistentes antes del encuentro. Junto al ministro Luiz Dulci, de la Secretaría general de la Presidencia», cuenta, «fuimos a la Nunciatura y mantuvimos una primera conversación sobre el tema, en la que el nuncio nos expuso los puntos principales de la propuesta. Luego hicimos inmediatamente una copia del documento y se lo mandamos al Itamaraty, el Ministerio de Exteriores. Luego nos reunimos con el presidente». La reunión, apunta Carvalho, tuvo lugar el 12 de septiembre, antes de las elecciones presidenciales. En la reunión participaron el nuncio y los miembros de la dirección de la Conferencia episcopal brasileña, mientras que por parte del gobierno, además del presidente y el jefe de la Presidencia, estaban presentes el ministro de Exteriores, Celso Amorim, y el ministro Dulci. «A partir de esta reunión», sigue diciendo, «en la que se fijaron los términos de las conversaciones, el ministro de Exteriores se hizo cargo de la propuesta para enviarla luego a la Nunciatura, tras recoger las opiniones de los distintos ministerios interesados. Mientras tanto mantuve contactos tanto con el nuncio como con el director del Departamento para Europa del Ministerio de Exteriores, Maria Edileuza Fontenele Reis, encargada de recoger las opiniones de los siete ministerios interesados. Sé que todo funcionó bien en todo momento». Así pues, no hubo parones por parte de los organismos gubernamentales: «Si se considera que en octubre y noviembre tuvieron lugar las elecciones presidenciales, cambiaron algunos ministros y luego vinieron las vacaciones de fin de año», afirma, «yo diría que hemos conseguido en un plazo realmente rápido devolver con nuestras observaciones la propuesta, que se entregó a la Nunciatura el 30 de marzo». Observa que la rapidez no solo demuestra la buena disposición del gobierno, sino que además «demuestra también que no ha habido por parte gubernamental objeciones radicales a la propuesta presentada por la Santa Sede. Por una razón muy sencilla…». ¿Cuál? «El punto sustancial, fundamental de esta propuesta, es el reconocimiento jurídico de la Iglesia católica, el estatuto jurídico civil de la Iglesia y de todas sus instituciones. Y esto», sigue diciendo, «no representa un problema ya que está previsto por nuestra legislación».
Es una legislación en vigor en Brasil desde hace más de un siglo. Tras la proclamación de la República, en efecto, que sancionó la clara separación entre el Estado y la Iglesia, Brasil introdujo en 1893 en su Carta magna, hecho inédito para la época, un artículo que reconoció la personalidad jurídica de las Iglesias y que les aseguró el derecho de propiedad. Desde entonces, pues, las relaciones entre Estado, Iglesia católica y las otras confesiones religiosas se regulan en el mismo ámbito constitucional y muchas de las leyes vigentes les son favorables. La propuesta del Vaticano, fundándose en estas bases, pretende disciplinar y tutelar el modus vivendi, los derechos y las instituciones propias de la Iglesia registrando en un único documento todas las garantías de las que ya disfruta. En este marco hay que considerar cada uno de los puntos de las conversaciones. Desde el reconocimiento de las obras sociales de la Iglesia y las exenciones fiscales derivadas, a la tutela del patrimonio histórico, artístico y cultural, desde el reconocimiento de los seminarios y los efectos civiles del matrimonio canónico a la enseñanza religiosa. No se trata de ganar terreno, de recibir prebendas y nuevos privilegios del Estado brasileño, sino más bien de «fijar», como garantía de continuidad en el tiempo, «una situación anterior ya ampliamente satisfactoria y favorable a la Iglesia», afirma por lo tanto Carvalho. En el texto del acuerdo tendrán que aparecer, pues, los mismos contenidos de las leyes ya aprobadas por el Parlamento brasileño y, en el momento de la firma, estos mismos contenidos legales adquirirán valor jurídico de rango internacional, de modo que en el futuro su posible revisión podrá ser hecha solo de manera concordataria, es decir, en acuerdo entre el Estado y la Santa Sede. Todo según una práctica consolidada. Acuerdos de este tipo, en efecto, son totalmente rutinarios para la Santa Sede, para la que hoy, como se sabe, representan el modo ordinario de mantener relaciones institucionales con los Estados, independientemente de la confesión religiosa mayoritaria en ellos (como, entre otros, en Israel, Túnez, Kazajstán y de varios países del Este) y de sus respectivos gobiernos. Venezuela y Argentina, por ejemplo, ya tienen acuerdos con la Santa Sede. Firmados por Venezuela en 1964 y por Argentina en 1966. Y no son solo estos países en Latinoamérica. También Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Haití han firmado concordatos parecidos; con Bolivia existe, en cambio, una convención sobre las misiones. En todos estos acuerdos se establece el reconocimiento jurídico de la Iglesia católica y de sus instituciones, la tutela del patrimonio histórico, las eventuales exenciones fiscales. En muchos de estos acuerdos se fija la reglamentación de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas; en otros, como el firmado con Colombia, es más articulada la colaboración común para la promoción de las condiciones humanas y sociales de los indígenas.
Nada nuevo, pues, por lo que atañe a Brasil. Se trata de un acuerdo global, fundamental, dentro de la tipología más general de los acuerdos marco, que no excluye la posibilidad de retomar y especificar algunas materias en acuerdos posteriores. Todavía no se ha establecido cuándo podrá ser firmado, pero sin duda no debería ser a largo plazo. Las negociaciones, en efecto, están muy adelantadas actualmente. La Nunciatura y la Secretaría de Estado vaticano han tomado en consideración la contrapropuesta mandada por el Ministerio de Exteriores brasileño y han trabajado sobre ella. Unos veinte artículos. «No veo grandes dificultades», afirma Carvalho, que termina diciendo: «Si surgieran controversias sobre algún artículo en concreto, hecho completamente normal en las negociaciones de un acuerdo, sin duda podrán superarse para llegar a una solución satisfactoria para ambas partes, para lograr una respetuosa y sana colaboración». Aclarar las cosas, en definitiva, a veces no está de más.


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