Las relaciones diplomáticas Brasil-Santa Sede
Notas para un acuerdo
por Stefania Falasca
«La atmósfera positiva entre la Santa Sede y el gran Estado
brasileño está favoreciendo también la
redacción de un acuerdo, que se espera que pueda concluirse este
año». Esto había dicho el secretario de Estado
vaticano, Tarcisio Bertone, antes del encuentro entre Benedicto XVI y Lula.
Sin embargo, aquellos días la prensa brasileña refería
que la propuesta de un entendimiento por parte de la Santa Sede no le
había gustado al gobierno de Brasilia, por lo que la firma del
acuerdo, prevista originalmente durante la visita del Papa, había
saltado precisamente por el rechazo debido a las reservas de naturaleza
política expresadas por el gobierno. «No. Esto no es de
ninguna manera cierto, ni hay ni ha habido ningún rechazo»,
responde sin vacilaciones Gilberto Carvalho, jefe de gabinete de la
presidencia de la República, que ni siquiera vacila a la hora de
liquidar como «especulaciones que caen fuera de la naturaleza de las
conversaciones» los temores de una injerencia clerical en los asuntos
del Estado y para los cuales el acuerdo significaría una especie de
hermanamiento con el Vaticano; como también define como «puras
fantasías» los rumores según los cuales se
habrían introducido en los puntos de la propuesta también
referencias a materias como el aborto y el divorcio, por lo que aclara:
«No hay nada de todo esto. Se trata de un acuerdo de carácter
jurídico de derecho internacional y como tal ha de ser
considerado».
De origen y ciudadanía italianas, y 55
años de edad, Gilberto Carvalho es el más estrecho
colaborador de Lula, el hombre de confianza del presidente. Desde el
principio siguió las fases del acuerdo. Nos reunimos con él
en São Paulo, ante un cafezinho, en un momento de calma, y explica de este modo el camino
hasta ahora emprendido. «El primer encuentro fue en septiembre. A
comienzos del pasado septiembre, el nuncio, monseñor Lorenzo
Baldisseri, había pedido una cita con el presidente y dijo
también que le gustaría hablar con sus asistentes antes del
encuentro. Junto al ministro Luiz Dulci, de la Secretaría general de
la Presidencia», cuenta, «fuimos a la Nunciatura y mantuvimos
una primera conversación sobre el tema, en la que el nuncio nos
expuso los puntos principales de la propuesta. Luego hicimos inmediatamente
una copia del documento y se lo mandamos al Itamaraty, el Ministerio de
Exteriores. Luego nos reunimos con el presidente». La reunión,
apunta Carvalho, tuvo lugar el 12 de septiembre, antes de las elecciones
presidenciales. En la reunión participaron el nuncio y los miembros
de la dirección de la Conferencia episcopal brasileña,
mientras que por parte del gobierno, además del presidente y el jefe
de la Presidencia, estaban presentes el ministro de Exteriores, Celso
Amorim, y el ministro Dulci. «A partir de esta reunión»,
sigue diciendo, «en la que se fijaron los términos de las
conversaciones, el ministro de Exteriores se hizo cargo de la propuesta
para enviarla luego a la Nunciatura, tras recoger las opiniones de los
distintos ministerios interesados. Mientras tanto mantuve contactos tanto
con el nuncio como con el director del Departamento para Europa del
Ministerio de Exteriores, Maria Edileuza Fontenele Reis, encargada de
recoger las opiniones de los siete ministerios interesados. Sé que
todo funcionó bien en todo momento». Así pues, no hubo
parones por parte de los organismos gubernamentales: «Si se considera
que en octubre y noviembre tuvieron lugar las elecciones presidenciales,
cambiaron algunos ministros y luego vinieron las vacaciones de fin de
año», afirma, «yo diría que hemos conseguido en
un plazo realmente rápido devolver con nuestras observaciones la
propuesta, que se entregó a la Nunciatura el 30 de marzo».
Observa que la rapidez no solo demuestra la buena disposición del
gobierno, sino que además «demuestra también que no ha
habido por parte gubernamental objeciones radicales a la propuesta
presentada por la Santa Sede. Por una razón muy
sencilla…». ¿Cuál? «El punto sustancial,
fundamental de esta propuesta, es el reconocimiento jurídico de la
Iglesia católica, el estatuto jurídico civil de la Iglesia y
de todas sus instituciones. Y esto», sigue diciendo, «no
representa un problema ya que está previsto por nuestra
legislación».
Es una legislación en vigor en Brasil desde hace más de un siglo. Tras la proclamación de la República, en efecto, que sancionó la clara separación entre el Estado y la Iglesia, Brasil introdujo en 1893 en su Carta magna, hecho inédito para la época, un artículo que reconoció la personalidad jurídica de las Iglesias y que les aseguró el derecho de propiedad. Desde entonces, pues, las relaciones entre Estado, Iglesia católica y las otras confesiones religiosas se regulan en el mismo ámbito constitucional y muchas de las leyes vigentes les son favorables. La propuesta del Vaticano, fundándose en estas bases, pretende disciplinar y tutelar el modus vivendi, los derechos y las instituciones propias de la Iglesia registrando en un único documento todas las garantías de las que ya disfruta. En este marco hay que considerar cada uno de los puntos de las conversaciones. Desde el reconocimiento de las obras sociales de la Iglesia y las exenciones fiscales derivadas, a la tutela del patrimonio histórico, artístico y cultural, desde el reconocimiento de los seminarios y los efectos civiles del matrimonio canónico a la enseñanza religiosa. No se trata de ganar terreno, de recibir prebendas y nuevos privilegios del Estado brasileño, sino más bien de «fijar», como garantía de continuidad en el tiempo, «una situación anterior ya ampliamente satisfactoria y favorable a la Iglesia», afirma por lo tanto Carvalho. En el texto del acuerdo tendrán que aparecer, pues, los mismos contenidos de las leyes ya aprobadas por el Parlamento brasileño y, en el momento de la firma, estos mismos contenidos legales adquirirán valor jurídico de rango internacional, de modo que en el futuro su posible revisión podrá ser hecha solo de manera concordataria, es decir, en acuerdo entre el Estado y la Santa Sede. Todo según una práctica consolidada. Acuerdos de este tipo, en efecto, son totalmente rutinarios para la Santa Sede, para la que hoy, como se sabe, representan el modo ordinario de mantener relaciones institucionales con los Estados, independientemente de la confesión religiosa mayoritaria en ellos (como, entre otros, en Israel, Túnez, Kazajstán y de varios países del Este) y de sus respectivos gobiernos. Venezuela y Argentina, por ejemplo, ya tienen acuerdos con la Santa Sede. Firmados por Venezuela en 1964 y por Argentina en 1966. Y no son solo estos países en Latinoamérica. También Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Haití han firmado concordatos parecidos; con Bolivia existe, en cambio, una convención sobre las misiones. En todos estos acuerdos se establece el reconocimiento jurídico de la Iglesia católica y de sus instituciones, la tutela del patrimonio histórico, las eventuales exenciones fiscales. En muchos de estos acuerdos se fija la reglamentación de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas; en otros, como el firmado con Colombia, es más articulada la colaboración común para la promoción de las condiciones humanas y sociales de los indígenas.
Nada nuevo, pues, por lo que atañe a Brasil. Se trata de un acuerdo global, fundamental, dentro de la tipología más general de los acuerdos marco, que no excluye la posibilidad de retomar y especificar algunas materias en acuerdos posteriores. Todavía no se ha establecido cuándo podrá ser firmado, pero sin duda no debería ser a largo plazo. Las negociaciones, en efecto, están muy adelantadas actualmente. La Nunciatura y la Secretaría de Estado vaticano han tomado en consideración la contrapropuesta mandada por el Ministerio de Exteriores brasileño y han trabajado sobre ella. Unos veinte artículos. «No veo grandes dificultades», afirma Carvalho, que termina diciendo: «Si surgieran controversias sobre algún artículo en concreto, hecho completamente normal en las negociaciones de un acuerdo, sin duda podrán superarse para llegar a una solución satisfactoria para ambas partes, para lograr una respetuosa y sana colaboración». Aclarar las cosas, en definitiva, a veces no está de más.
Benedicto XVI durante el encuentro con el presidente Lula y su mujer en el Palácio dos Bandeirantes, en São Paulo, el 10 de mayo de 2007
Es una legislación en vigor en Brasil desde hace más de un siglo. Tras la proclamación de la República, en efecto, que sancionó la clara separación entre el Estado y la Iglesia, Brasil introdujo en 1893 en su Carta magna, hecho inédito para la época, un artículo que reconoció la personalidad jurídica de las Iglesias y que les aseguró el derecho de propiedad. Desde entonces, pues, las relaciones entre Estado, Iglesia católica y las otras confesiones religiosas se regulan en el mismo ámbito constitucional y muchas de las leyes vigentes les son favorables. La propuesta del Vaticano, fundándose en estas bases, pretende disciplinar y tutelar el modus vivendi, los derechos y las instituciones propias de la Iglesia registrando en un único documento todas las garantías de las que ya disfruta. En este marco hay que considerar cada uno de los puntos de las conversaciones. Desde el reconocimiento de las obras sociales de la Iglesia y las exenciones fiscales derivadas, a la tutela del patrimonio histórico, artístico y cultural, desde el reconocimiento de los seminarios y los efectos civiles del matrimonio canónico a la enseñanza religiosa. No se trata de ganar terreno, de recibir prebendas y nuevos privilegios del Estado brasileño, sino más bien de «fijar», como garantía de continuidad en el tiempo, «una situación anterior ya ampliamente satisfactoria y favorable a la Iglesia», afirma por lo tanto Carvalho. En el texto del acuerdo tendrán que aparecer, pues, los mismos contenidos de las leyes ya aprobadas por el Parlamento brasileño y, en el momento de la firma, estos mismos contenidos legales adquirirán valor jurídico de rango internacional, de modo que en el futuro su posible revisión podrá ser hecha solo de manera concordataria, es decir, en acuerdo entre el Estado y la Santa Sede. Todo según una práctica consolidada. Acuerdos de este tipo, en efecto, son totalmente rutinarios para la Santa Sede, para la que hoy, como se sabe, representan el modo ordinario de mantener relaciones institucionales con los Estados, independientemente de la confesión religiosa mayoritaria en ellos (como, entre otros, en Israel, Túnez, Kazajstán y de varios países del Este) y de sus respectivos gobiernos. Venezuela y Argentina, por ejemplo, ya tienen acuerdos con la Santa Sede. Firmados por Venezuela en 1964 y por Argentina en 1966. Y no son solo estos países en Latinoamérica. También Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Haití han firmado concordatos parecidos; con Bolivia existe, en cambio, una convención sobre las misiones. En todos estos acuerdos se establece el reconocimiento jurídico de la Iglesia católica y de sus instituciones, la tutela del patrimonio histórico, las eventuales exenciones fiscales. En muchos de estos acuerdos se fija la reglamentación de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas; en otros, como el firmado con Colombia, es más articulada la colaboración común para la promoción de las condiciones humanas y sociales de los indígenas.
Nada nuevo, pues, por lo que atañe a Brasil. Se trata de un acuerdo global, fundamental, dentro de la tipología más general de los acuerdos marco, que no excluye la posibilidad de retomar y especificar algunas materias en acuerdos posteriores. Todavía no se ha establecido cuándo podrá ser firmado, pero sin duda no debería ser a largo plazo. Las negociaciones, en efecto, están muy adelantadas actualmente. La Nunciatura y la Secretaría de Estado vaticano han tomado en consideración la contrapropuesta mandada por el Ministerio de Exteriores brasileño y han trabajado sobre ella. Unos veinte artículos. «No veo grandes dificultades», afirma Carvalho, que termina diciendo: «Si surgieran controversias sobre algún artículo en concreto, hecho completamente normal en las negociaciones de un acuerdo, sin duda podrán superarse para llegar a una solución satisfactoria para ambas partes, para lograr una respetuosa y sana colaboración». Aclarar las cosas, en definitiva, a veces no está de más.