Cuenta atrás

por Gianni Valente

Un empleado del Parlamento europeo instala la bandera turca para la apertura de la sesión extraordinaria, 19 de noviembre de 2002

Para la integración de Turquía en la Unión Europea, el 2004 es el año de la verdad. Antes de diciembre el Consejo europeo se reunirá para comprobar, basándose en una relación de la Comisión, si Turquía ha satisfecho los criterios políticos exigidos para la admisión, establecidos en la cumbre de Copenhague en 2002. En caso positivo, según las previsiones optimistas, aunque para nada seguras, de los gobernantes de Ankara, las conversaciones de adhesión efectivas podrían dar comienzo a principios de 2005 y concluirían hacia 2012.
Turquía presentó su petición de adhesión a la UE en el 99, pero sin resultados positivos, mientras que se aceptaban las candidaturas de distintos países del Este de Europa. Justifican los titubeos europeos las anomalías de la realidad turca en campo económico y político y en el de la tutela de los derechos civiles. El gobierno se comprometió a resolver estas lagunas con los “paquetes de armonización”, las reformas legislativas introducidas a ritmo forzado para adecuar el sistema turco a Europa. Los informes provisionales, redactados por los organismos comunitarios para controlar el proceso de reforma, han puesto en evidencia aspectos positivos y negativos. Se ha considerado positivamente la abolición casi total de la pena de muerte y las declaraciones de disponibilidad a conceder a 12 millones de ciudadanos curdos la plena igualdad de derechos lingüísticos y culturales. Pero el informe de 2003 ha resaltado la lentitud y las carencias en lo que respecta a la aplicación concreta de las reformas. También exhorta a que se vaya reduciendo gradualmente el anómalo papel clave en los equilibrios políticos nacionales del ejército, que se erigió en guardián de la laicidad del Estado en la época de la revolución kemalista.
Más allá de cada punto concreto, las objeciones principales a la entrada de Turquía en Europa por parte de las élites y de la opinión pública europea nacen de reservas de tipo político (el peso de Turquía incluso en términos meramente demográficos desbarataría los equilibrios consolidados) y de dudas sobre la adaptación de un país de cultura islámica a los parámetros occidentales de convivencia civil. De todo ello era consciente el ministro de Exteriores turco Abdullah Gul, quien el pasado 14 de febrero trató de convencer a los asombrados participantes del congreso del Partido Popular europeo, poniendo de relieve los resultados alcanzados por el gobierno islámico moderado: «Hemos demostrado que una sociedad musulmana puede alcanzar los standards contemporáneos de democracia, estado de derecho, libertad religiosa, derechos humanos, transparencia, credibilidad y buen gobierno…».