Los pequeños pasos del desarme

Las negociaciones sobre el desarme nuclear, y más en general, las armas de destrucción masiva (ADM), no están conociendo en los últimos años progresos comparables con los conseguidos hasta el año 1996, año en que la Conferencia sobre el Desarme de Ginebra consiguió negociar el CTBT (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) firmado por 166 Estados. Por lo que respecta a las armas convencionales, en cambio, la situación es distinta. La Convención de Ottawa sobre la prohibición de las minas antipersonas del 97, la Conferencia de Nueva York de julio de 2001 contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y las negociaciones dentro de la Convención sobre las armas convencionales (CCW), siguen progresando positivamente. Son dos áreas de negociaciones –nuclear y convencional– distintas y sometidas a influencias diferentes.
Por importancia y dimensiones, permítaseme examinar en primer lugar la evolución de los acuerdos sobre las armas de destrucción masiva.
A partir de los años sesenta ha habido acuerdos de alcance histórico y global, que son patrimonio político y jurídico de fundamental importancia. El Tratado que prohíbe los experimentos nucleares en la atmósfera, en el espacio extraatmosférico y bajo agua (Partial Tests Ban Treaty, de 1963), el Tratado de prohíbe la colocación de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva en el fondo de los océanos de 1971, el Tratado que regula las actividades de los Estados sobre la luna y otros cuerpos celestes de 1967, el Tratado para la prohibición total de los experimentos nucleares (1996) fueron la demostración de que los gobiernos, habiéndose dado cuenta de la amenaza representada por las armas atómicas y de la necesidad de seguridad de los pueblos, se mostraron receptivos ante el grito de alarma de la ciencia y la cruda experiencia de las primeras explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Al mismo tiempo fue un proceso de gradual neutralización –si podemos decirlo así– de enteras zonas geográficas al que ha contribuido en gran manera la creación de las “zonas libres de armas nucleares” (la Antártida, con el Tratado de 1961, América Latina, con el Tratado de Tlatelolco de 1967, el Pacífico Sur, con el Tratado de Raratonga de 1985, el sudeste asiático, con el Tratado de Bangkok de 1995, África, con el Tratado de Pelindaba de 1996).
A la “neutralización” de estas zonas geográficas se vino a añadir luego la neutralización de la inmensa mayoría de los Estados conseguida con el Tratado de no proliferación nuclear de 1970, firmado por 187 Estados, que reconoce el estado de potencias nucleares solamente a Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.
El proceso de desarme nuclear se consolidaba en 1996 con el Tratado de prohibición de los experimentos nucleares (CTBT), mientras en el sector más amplio e inclusivo de las armas de destrucción masiva, tanto la Convención contra las armas tóxicas y bacteriológicas (1982), como la Convención sobre la prohibición de las armas químicas (1993) parecían cerrar el círculo de los compromisos de paz y sellar la toma de conciencia de la capacidad destructiva de las nuevas armas y de su necesaria prohibición.
Todo esto ocurría a pesar de la guerra fría, la disuasión y la oposición entre dos mundos contrapuestos, divididos por la ideología, temerosos de la capacidad destructiva recíproca.
Cuando cayó el muro de Berlín y terminó la guerra fría pareció que el desarme, mediante el control, la reducción y eliminación de las armas de destrucción masiva, ya no podía conocer otros obstáculos.
Todo estuvo marcado al principio por este optimismo. Con la Resolución 984 del Consejo de Seguridad, los países nucleares garantizaban a los no nucleares en 1995 que no iban a ser atacados con armas nucleares, mientras el TNP se extendía por un tiempo indeterminado. En 2000 los países nucleares miembros del TNP aseguraban que sus cabezas nucleares no apuntaban a ningún país en concreto.
Pero estos eran los últimos resquicios de luz en el sector de las ADM. La verdad es que a partir de 1995-96, la Conferencia sobre el desarme de Ginebra no consiguió que despegara un tratado que prohibiera la producción del material para la producción de armas nucleares; y el Grupo de trabajo creado para llegar a un acuerdo de aplicación de la Convención sobre la prohibición de las armas tóxicas y bacteriológicas, tras diez años de negociaciones, tuvo que autodisolverse en julio de 2001.
Pese a acuerdos positivos, aunque bilaterales, como el Tratado de Moscú de mayo de 2002 con el que Estados Unidos y la Federación Rusa redujeron drásticamente sus cabezas nucleares, ¿por qué no se consiguieron progresos a nivel multilateral?
La respuesta estriba esencialmente en dos acontecimientos sin precedentes a nivel mundial. El primero ha sido el sensacional desarrollo tecnológico de estos últimos años del siglo XX, que ha potenciado radicalmente la capacidad destructiva de las nuevas armas y ha dado a los Estados Unidos la convicción de poder conseguir la seguridad y la absoluta supremacía militar. Por su parte, los otros países, temerosos de quedar reducidos a potencias subordinadas, condicionaban su flexibilidad negociadora en el sector nuclear a renuncias concretas de los EE UU. El segundo acontecimiento ha sido la multiplicación de las entidades estatales, principalmente tras la disolución de la Unión Soviética, caracterizadas por su fragilidad y por notables contenciosos fronterizos.
La situación es distinta por lo que respecta al desarme convencional, donde destaca la Convención sobre algunas armas convencionales (CCW), que entró en vigor en 1980. Es fundamental no sólo porque está en relación directa con la corriente humanitaria que se remonta a la Declaración de San Petersburgo de 1868 y a la Declaración de La Haya de 1899, además de a las conocidas Convenciones humanitarias de Ginebra de 1949 sobre los conflictos, sino también porque abre el camino a la Convención de Ottawa de 1997 sobre la prohibición del uso, acumulación, fabricación y traslado de minas antipersonas y sobre su destrucción.
La Convención excluye o limita enteras categorías de armas. Distingue entre civiles y militares, impide el uso de armas que producen «heridas superfluas e inevitablemente mortales», armas que matan por aturdimiento, armas láser cegadoras, limita el uso de minas, de trampas explosivas y de armas incendiarias. Las normas del Tratado para los “non-states actors” introducen dispositivos neutralizadores en las minas anticarros y regulan el saneamiento de los residuos bélicos explosivos y la reinserción civil de las víctimas. Se trata de un filón que abre discusiones sobre las armas de uranio empobrecido: discusiones que ya hacen presagiar controversias sobre las armas tecnológicamente avanzadas y de gran penetración y destrucción. Recordemos –de manera indicativa– que uno de los motivos por los cuales los Estados Unidos se negaron a ratificar el Tratado que prohíbe los experimentos nucleares (CTBT) es precisamente la tentación de experimentar armas nucleares tácticas y miniaturizadas de gran penetración. Son llamadas “useful nuclear weapons”. Existen siempre términos trágicamente irónicos. Pero sin ir demasiado lejos, la aplicación de la Convención de 1980 no sólo contempla pequeños progresos anuales, sino que podría abrir el camino a nuevas y específicas convenciones internacionales.
Efectivamente, del Protocolo II de la misma Convención, el que limita el uso de las minas, arrancó en 1997 de la Convención de Ottawa que prohíbe la producción de minas antipersonas. Fue un verdadero triunfo de la sociedad civil, que mediante las ONG no sólo se ha movilizado, sino que ha sabido ser eficaz. ¿Recuerdan a la princesa Diana con los niños mutilados de Camboya, o la gran silla de madera coja –con sólo tres patas, porque una está rota– que se encuentra en la plaza de las naciones de Ginebra como símbolo de la lucha contra las minas antipersonas? Esta movilización ha llevado a los gobiernos a negociar –casi arrastrados por los pueblos– y luego los ha apoyado en la acción de destrucción de los arsenales y ayudando a las víctimas. Las estadísticas exactas provocan escalofríos. ¿Quién iba a pensar que Italia, gran productora y exportadora de minas antipersonas, fuera capaz de cerrar sus industrias y de destruir en pocos años un stock de más de siete millones de minas? Somos sin duda el país que más rápidamente ha afrontado sus compromisos. Pero queda mucho por hacer no sólo para que se adhieran a la Convención países importantes como EE UU, Rusia, China e India, sino para seguir financiando la acción de recuperación de millones de víctimas.
A estos éxitos ha de añadirse otro, referido a un sector donde se producen medio millón de muertes al año.
Se trata del Plan de acción aprobado en julio de 2001 en Nueva York en la Conferencia contra el tráfico ilegal de armas pequeñas y ligeras.
169 países han reconocido que el problema no puede ser resuelto individualmente por los Estados, sino sólo mediante una estrategia global, con medidas de prevención del tráfico, controlando las exportaciones, marcando las armas fabricadas, destruyendo los arsenales secuestrados, asistiendo a las víctimas, tomando medidas contra los traficantes. La nueva cita está fijada para 2006.
Uno se pregunta, si, a pesar de los obstáculos, el proceso de desarme va a continuar. La respuesta es afirmativa. En el mismo sector de las armas de destrucción masiva (nucleares, químicas y biológicas) ha habido progresos en estos últimos años, si bien no sensacionales, como habría podido ser si funcionara armónicamente la Comisión sobre el desarme de Ginebra. EE UU y la Federación Rusa, con el acuerdo de Moscú de mayo de 2002, acordaron limitar a 1700-2200 las cabezas atómicas desplegadas. Por desgracia, fue denunciado el acuerdo ABM y el Start II. Por el contrario, hay que decir que Cuba se adhirió en 2002 al TNP, y que las cinco potencias nucleares dieron sus garantías de seguridad en favor del status de país no nuclear de Mongolia, mientras que India y Pakistán garantizaron su adhesión a la moratoria sobre las explosiones nucleares. El 27 de junio de 2002, el G8 se ponía de acuerdo sobre una Global Partnership contra la diseminación de armas y materiales de destrucción masiva, comprometiéndose económicamente a favorecer programas específicos de cooperación.
En noviembre de 2002 se lanzaba en La Haya el Código de conducta contra la proliferación de misiles.
En la sesión de noviembre de 2002, la Conferencia de revisión de la Convención contra las armas tóxicas y bacteriológicas, que se había suspendido el 7 de diciembre de 2001, anunciaba que se retomaban los trabajos sobre un programa reducido de entendimientos y medidas.
Progresos concretos y continuos, si bien fatigosos, se producían también en los últimos años con respecto a la eliminación de las armas químicas, habiéndose hecho un inventario mientras tanto de 8 millones seiscientas mil.
En primer lugar, hoy la ciencia tiende a perseguir sin ningún límite nuevos adelantos. Del mismo modo que continúa en su afán de conocer el genoma, también descubre que se pueden producir explosiones nucleares de efectos limitados, que se puede intentar levantar un sistema de defensa perfecta contra los misiles adversarios, que se pueden producir modificaciones genéticas artificiales, bacterias y microbios letales y de inmensa capacidad destructiva a costes reducidos. Al mismo tiempo estos descubrimientos pueden también traer innovaciones benéficas de gran utilidad económica. De ello se deduce que esta perspectiva provoca ambiciones y celos en quienes pueden explotar estas investigaciones y hace que se muestren reluctantes a controles y declaraciones sobre los programas que se están desarrollando. De modo que impide que se firmen compromisos internacionales que limiten la autonomía nacional. Piénsese en los beneficios de quien descubriera el antídoto del Sida o del SRAS. Pero se olvida que sólo la voluntad política de los Estados es la mejor garantía contra la posibilidad de que estos descubrimientos y productos sean manipulados negativamente y caigan en manos de organizaciones terroristas. Se puede responder a quienes afirman que no existen controles eficaces, que todo compromiso tiene sus puntos flojos, pero también que toda ley tiene sus transgresores. Ello no impide que las leyes sean útiles y que se sigan haciendo.
La multiplicación de los Estados miembros de la Comunidad internacional (ahora son 191) ha llevado a comprobar que muchos de ellos son frágiles y están buscando garantías de seguridad y de consolidación de su soberanía. Esto debería llevar al reconocimiento de que es necesario reforzar el papel de las Naciones Unidas para garantizar la independencia y la soberanía de los Estados. Por desgracia, algunos minan la institución societaria con su oposición a reconocer y respetar algunos tratados fundamentales, como en el caso del TNP, al que no se quieren adherir India, Pakistán, Corea del Norte e Israel.
La clase política de algunos países, pese a ser consciente de los peligros del terrorismo, hace poco para incrementar los medios de control del AIEA y para alejar mediante negociaciones los peligros de las armas bacteriológicas.
Hoy existe una gran fuerza, representada por la implicación de la sociedad civil en su apoyo al desarme en general. Es una fuerza que confluye y determina el filón de la “intervención humanitaria” (o mejor, “la responsabilidad de intervenir”) que es ya fuerte en el sector de las medidas de desarme convencional. Se puede hacer más para apoyar esta tendencia con la generosidad económica y con un diálogo más estrecho entre las ONG, los políticos y los gobiernos. Piénsese en las implicaciones positivas de la idea lanzada en el ámbito burocrático del secretariado de las Naciones Unidas de una Conferencia internacional dedicada al papel de la mujer en las actividades de desarme. Las mujeres comprometidas en los distintos parlamentos pueden apoyar políticamente este objetivo. Concluyendo, si la ciencia y la complejidad de la geopolítica crean nuevos problemas y peligros, el hombre con su voluntad puede ser siempre el factor decisivo y determinante.