PALACIO DE CRISTAL
Sacado del n. 03 - 2004
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La responsabilidad del más importante
El 7 de abril el secretario general Kofi Annan nombró
al special rapporteur
(informador especial) para la prevención del genocidio, una nueva figura que
recibirá ayuda del Alto comisario para los derechos humanos, pero que
responderá directamente al Consejo de Seguridad de la ONU, subrayando de este
modo la conexión directa entre violaciones de los derechos del hombre y la
seguridad global. La fecha del 7 de abril no es casual: es la jornada
internacional de reflexión para conmemorar las víctimas del genocidio de 1994
en Ruanda, que comenzó tras el atentado del 6 de abril de 1994 contra el avión
en el que viajaban los presidentes de Ruanda y Burundi, que causó la muerte de
los dos dignatarios y desencadenó una reacción homicida que causaría la muerte
de 800.000 ruandeses, de etnia tutsi y hutu. Según las autoridades ruandesas,
ahora las víctimas seguras son 937.000, pero la cifra seguramente aumentará.
La incapacidad de las Naciones Unidas para detener este holocausto es probablemente la página más negra de su historia, y Kofi Annan, entonces jefe del departamento que se ocupaba de las operaciones de peacekeeping, no la olvida
Es uno de los motivos por los que el secretario general ha promovido activamente la institución de la figura del special rapporteur y la creación de un Comité para la prevención del genocidio (que se reunirá periódicamente para analizar los informes y aconsejar sobre las intervenciones en las zonas de riesgo). El secretario ha encontrado un válido patrocinador en Canadá, que entró en el debate tras la bochornosa prueba de la ONU en Ruanda –como antes en Bosnia y Somalia–, dando vida a la International Commission on Intervention and State Sovereignty (Comisión sobre la Intervención y la Soberanía del Estado). Esta Comisión publicó en 2001 un informe, The responsability to protec (La responsabilidad de proteger), muy actual e interesante tras la crisis iraquí. Hablando en el International forum de Estocolmo en enero sobre el tema del genocidio, Annan declaró que el problema «ya no es el del derecho a la intervención, sino más bien el de la responsabilidad. En primer lugar, la responsabilidad de todos los Estados de proteger a su propia población, pero también, el de todo el género humano de proteger a nuestros semejantes de los abusos extremos en cualquier momento y lugar que esto ocurra». Es evidente que, también en Estocolmo, todas las intervenciones de las delegaciones presentes –desobedeciendo a las recomendaciones del Gobierno sueco de no hacer comentarios sobre Irak– tocaron el núcleo del problema, es decir, el uso legítimo de la fuerza en el derecho internacional ante masivas violaciones de los derechos humanos.
Recordando en el Palacio de Cristal una vez más el genocidio ruandés, el pasado 26 de marzo una conferencia organizada por Ruanda y Canadá hizo una reflexión sobre los «medios para asegurar en el futuro una respuesta internacional más eficaz». Esta es la cuestión y la apuesta que hay que ganar. «¿Estamos seguros de que seríamos capaces de reaccionar eficazmente si nos confrontáramos a una nueva Ruanda?», preguntó Kofi Annan, que respondió honestamente: «No podemos en absoluto estar seguros» (y lo repitió textualmente en el mensaje enviado el 27 de marzo a una conferencia análoga que se celebraba en Londres). Esta «doctrina naciente», como la define Annan, de la responsabilidad de la comunidad de los Estados a la hora de proteger a las poblaciones de las violencias de sus propios gobernantes funciona sólo en el caso de que las instituciones multilaterales, en primer lugar la ONU, sean capaces de llevar a cabo su tarea, porque de no ser así esta interpretación avanzada del derecho internacional menoscaba peligrosamente el principio de la soberanía estatal, y despeja el camino a quien, criticando la eficacia de estos proyectos, prefiere actuar unilateralmente.
El tema es delicado y complejo. Se pueden, sin embargo, fijar algunos puntos irrenunciables en lo relativo a la tutela de los derechos humanos y de la prevención del genocidio. Hay que conseguir que los instrumentos jurídicos ya existentes (por ejemplo la Convención sobre el genocidio de 1948 y el Tribunal Penal Internacional) sean ejecutivos, hay que reconocer el centralismo de las Naciones Unidas ayudando también a los países en vías de desarrollo a cumplir los dictámenes, y, en fin, hay que educar a individuos y comunidades no sólo a reaccionar contra dichas violaciones sino también a prevenirlas.
Todo esto está en el horizonte de las deseadas reformas de las Naciones Unidas, y quien más cuenta en el Consejo de seguridad tiene más responsabilidad (y gloria) en su éxito. Estas reformas se deben, también, a las 800.000 víctimas de Ruanda.
La incapacidad de las Naciones Unidas para detener este holocausto es probablemente la página más negra de su historia, y Kofi Annan, entonces jefe del departamento que se ocupaba de las operaciones de peacekeeping, no la olvida
Es uno de los motivos por los que el secretario general ha promovido activamente la institución de la figura del special rapporteur y la creación de un Comité para la prevención del genocidio (que se reunirá periódicamente para analizar los informes y aconsejar sobre las intervenciones en las zonas de riesgo). El secretario ha encontrado un válido patrocinador en Canadá, que entró en el debate tras la bochornosa prueba de la ONU en Ruanda –como antes en Bosnia y Somalia–, dando vida a la International Commission on Intervention and State Sovereignty (Comisión sobre la Intervención y la Soberanía del Estado). Esta Comisión publicó en 2001 un informe, The responsability to protec (La responsabilidad de proteger), muy actual e interesante tras la crisis iraquí. Hablando en el International forum de Estocolmo en enero sobre el tema del genocidio, Annan declaró que el problema «ya no es el del derecho a la intervención, sino más bien el de la responsabilidad. En primer lugar, la responsabilidad de todos los Estados de proteger a su propia población, pero también, el de todo el género humano de proteger a nuestros semejantes de los abusos extremos en cualquier momento y lugar que esto ocurra». Es evidente que, también en Estocolmo, todas las intervenciones de las delegaciones presentes –desobedeciendo a las recomendaciones del Gobierno sueco de no hacer comentarios sobre Irak– tocaron el núcleo del problema, es decir, el uso legítimo de la fuerza en el derecho internacional ante masivas violaciones de los derechos humanos.
Recordando en el Palacio de Cristal una vez más el genocidio ruandés, el pasado 26 de marzo una conferencia organizada por Ruanda y Canadá hizo una reflexión sobre los «medios para asegurar en el futuro una respuesta internacional más eficaz». Esta es la cuestión y la apuesta que hay que ganar. «¿Estamos seguros de que seríamos capaces de reaccionar eficazmente si nos confrontáramos a una nueva Ruanda?», preguntó Kofi Annan, que respondió honestamente: «No podemos en absoluto estar seguros» (y lo repitió textualmente en el mensaje enviado el 27 de marzo a una conferencia análoga que se celebraba en Londres). Esta «doctrina naciente», como la define Annan, de la responsabilidad de la comunidad de los Estados a la hora de proteger a las poblaciones de las violencias de sus propios gobernantes funciona sólo en el caso de que las instituciones multilaterales, en primer lugar la ONU, sean capaces de llevar a cabo su tarea, porque de no ser así esta interpretación avanzada del derecho internacional menoscaba peligrosamente el principio de la soberanía estatal, y despeja el camino a quien, criticando la eficacia de estos proyectos, prefiere actuar unilateralmente.
El tema es delicado y complejo. Se pueden, sin embargo, fijar algunos puntos irrenunciables en lo relativo a la tutela de los derechos humanos y de la prevención del genocidio. Hay que conseguir que los instrumentos jurídicos ya existentes (por ejemplo la Convención sobre el genocidio de 1948 y el Tribunal Penal Internacional) sean ejecutivos, hay que reconocer el centralismo de las Naciones Unidas ayudando también a los países en vías de desarrollo a cumplir los dictámenes, y, en fin, hay que educar a individuos y comunidades no sólo a reaccionar contra dichas violaciones sino también a prevenirlas.
Todo esto está en el horizonte de las deseadas reformas de las Naciones Unidas, y quien más cuenta en el Consejo de seguridad tiene más responsabilidad (y gloria) en su éxito. Estas reformas se deben, también, a las 800.000 víctimas de Ruanda.
